El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la revisión de los documentos de los aspirantes que solicitaron su inscripción para las elecciones generales del 2021. Dentro de las listas pluripersonales se incluyeron al menos cuatro postulantes procesados por la justicia. Algunos de ellos no completaron los pasos previos para buscar una candidatura de elección popular.

En este grupo de procesados se encuentra el expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz, quien solicitó su inscripción una hora antes del cierre del plazo legal, encabezando la lista de asambleístas nacionales de Fuerza Ecuador (FE).

Bucaram actualmente usa un brazalete electrónico y cumple arresto domiciliario, ya que es investigado en tres procesos judiciales por supuesto tráfico ilícito de armas, tráfico de bienes patrimoniales y delincuencia organizada. El exmandatario no aceptó presencialmente su precandidatura a la Asamblea. El Pleno del CNE se encarga de calificar las listas de dignidades nacionales.

Fuerza Ecuador también inscribió como primer asambleísta del Distrito 1 de Guayas a Daniel Salcedo, quien es investigado por supuesta delincuencia organizada, como parte de los actos de corrupción en la red pública de salud durante la pandemia del covid-19. Salcedo tampoco aceptó personalmente su precandidatura, pues actualmente cumple prisión en la cárcel de El Inca, en Quito.

En declaraciones de prensa, Julio Candell, presidente de la Junta Electoral de Guayas, instancia encargada de calificar las candidaturas provinciales, precisó que en el Código de la Democracia no se establece que un ciudadano deba ser eliminado de las listas de candidatos por tener algún proceso judicial en marcha. Sin embargo, una de las prohibiciones es tener sentencia condenatoria ejecutoriada.

El funcionario agregó que se examinarán otros parámetros, como que la candidatura de Salcedo haya salido de un proceso de democracia interna y que el anterior postulante haya renunciado a su designación ante el CNE. La lista de postulantes de Fuerza Ecuador fue objetada por Unidad Popular. Se prevé que el miércoles 14 de octubre se resuelva el informe sobre esa nómina.

Otra aspirante con procesos pendientes es la actual legisladora Karina Arteaga (AP), quien busca la reelección por el movimiento Juntos Podemos, uno de los cuatro grupos que el CNE eliminó por recomendación de Contraloría. La asambleísta intentará que se califique su candidatura, encabezando la circunscripción provincial del norte de Manabí.

Sobre Arteaga pesa una instrucción fiscal por el delito de concusión, por denuncias de sus excolaboradoras por presuntos cobros indebidos. Arteaga actualmente utiliza un brazalete electrónico y cumple arresto domiciliario. Sin embargo, preside la Comisión de Trabajo.

Otro aspirante con procesos judiciales es el exasambleísta Virgilio Hernández, quien buscará llegar al Parlamento Andino por la Alianza Unión por la Esperanza (Unes). Hernández usa un grillete electrónico y fue llamado a juicio por presunta rebelión, en el contexto del paro nacional de octubre del 2019. Hernández sí aceptó presencialmente su nominación.

Unes también designó, tras sus primarias, al exdirector de Inteligencia del correísmo, Pablo Romero, dentro de la lista de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el CNE no ha confirmado si se insistió en el envío de la documentación para la inscripción de Romero, quien actualmente está en prisión, tras ser sentenciado a nueve años de prisión por el secuestro de Fernando Balda.

El consejero electoral, Luis Verdesoto, cree que los procesados intentan utilizar las prerrogativas que supone una candidatura de cualquier nivel. “Hay que evitar que estas prerrogativas se conviertan en formas de evasión de la Ley”, señaló.

El artículo 108 del Código de la Democracia establece que las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Es decir, esta “inmunidad” correría a partir de que el CNE califique la candidatura. El plazo para presentar la lista oficial de candidatos culmina el 7 de enero del 2021.

Sin embargo, según el artículo 108, proclamados los resultados, podrán activarse procesos penales contra los candidatos, y solo quienes resultaren ganadores en las elecciones gozarán de fuero de Corte Nacional o Provincial según corresponda, excepto en delitos de violencia intrafamiliar, que no se reconoce fuero alguno. | El Comercio