Destrozos en el Centro Histórico, 11 días de actividades suspendidas, una víctima mortal, detenidos y heridos fueron el saldo de las protestas que hace un año se cumplieron a nivel nacional, incluyendo a Cuenca como uno de los focos más activos de la movilización.

El hecho más notorio se dio el 6 de octubre del 2019, cuando el comunero Raúl Chilpe perdía la vida tras ser atropellado por un vehículo privado en el sector del Chorro, en el Macizo del Cajas.

La muerte de Chilpe continúa bajo investigación en la Fiscalía bajo el presunto delito de muerte culposa.

El principal sospechoso del suceso señaló a las autoridades de control que huía del lugar debido a los cierres de la carretera Cuenca-Molleturo, y que sintió el golpe del atropello, pero pese a esta confesión, el proceso no ha llegado a la etapa de juicio.

La familia de Chilpe sostiene que el comunero no participaba activamente de la protesta, en ese momento iba a una pampamesa que los manifestantes habían organizado, y fue atropellado.

Murió en la vía, sin la posibilidad de un traslado en ambulancia a una casa de salud, y en medio del dolor de sus compañeros y conocidos.

Quien si tuvo un proceso fue Pablo Correa, un estudiante que fue condenado a 4 meses de cárcel por el delito de incitación a la discordia entre ciudadanos, esto por mostrarse en un video solicitando alambres y bombas molotov para las protestas.

Un total de 122 personas resultaron heridas en las protestas en el Azuay según el informe de la Defensoría del Pueblo, de momento, ninguno de ellos ha recibido una reparación integral.

Uno de ellos es José M., adulto mayor que fue detenido en medio de las protestas y retenido en la Gobernación del Azuay durante varias horas junto a otras personas acusadas de vandalismo.

José sostiene que cuando los policías lo retuvieron él les dijo que era un adulto mayor y que se había sumado a la protesta de forma pacífica.

“Aun así me agarraron del cabello, me pusieron los brazos en la espalda y prácticamente me arrastraron a la Gobernación sin motivo”, afirma.

Emergencia

El 10 de octubre, el alcalde Pedro Palacios firmaba un decreto de emergencia en la ciudad como consecuencia de los daños al mobiliario público en la ciudad.

El informe de la dirección municipal de Gestión de Riesgos sugirió, entre otros rubros, la inversión de dineros en la reparación de aceras, calles, postes, plazas, piletas y semáforos, la reposición de árboles talados.

La dirección de Áreas Históricas, por su parte, informó de daños en bordillos, mobiliario urbano, macetas, adoquines, bolardos, muros y paredes.

De acuerdo con el concejal Cristian Zamora, hasta la fecha no se ha entregado un informe pormenorizado de los trabajos efectuados ni del dinero que se invirtió en la emergencia municipal por las protestas de octubre del 2019. | El Mercurio