Algunos de los jueces y fiscales que llevan los casos Salcedo, Bucaram y ahora Héctor Reyna, el director del Centro Penitenciario de Rehabilitación Social de Guayaquil, han sido amenazados o, por seguridad, han pasado a formar parte del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

El último caso es el de la fiscal de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedotti) que investiga a Reyna.

Ella labora en Quito y este viernes vino a Guayaquil para la audiencia de formulación de cargos e incluso informó sobre la detención del funcionario, pero evitó pronunciarse y solicitó a la Policía que retiren a la prensa del área para evitar ser captada por las cámaras. Ella está ya dentro del programa oficial de protección y todo el tiempo camina a su lado un agente armado.

Al igual que ella la semana pasada se conoció que el juez Ronald Guerrero fue ingresado al programa tras una supuesta amenaza de parte de tres colombianos que, según su secretario, le pedían que cambiara su dictamen relacionado con el caso de Jacobo Bucaram Pulley o que se atuviera a las consecuencias.

Además de ellos, el fiscal Víctor González, quien investiga el asesinato de Shy Dahan en la Penitenciaría, también es parte del programa y cuenta con resguardo policial.

Igual ocurrió con el fiscal César Suárez, quien investiga casos de peculado en el hospital Teodoro Maldonado Carbo y además investiga a Abdalá Bucaram Ortiz y a Jacobo Bucaram Pulley por el delito de tráfico de bienes patrimoniales.

Suárez este viernes realizó varias diligencias en hospitales y en la Policía Judicial. Todo el tiempo estuvo acompañado por un policía armado.

Contó que a raíz del asesinato del extranjero en la Penitenciaría del Litoral le asignaron seguridad.

Los agentes incluso revisan las ventanas de los edificios cercanos cuando ingresan los fiscales a sus despachos. | El Universo